Mario Palacios es el actual presidente de Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por
¿Usted cree que es posible lograr una armonía entre minería, comunidades y medio ambiente?
Lo que sí es posible es respetar los derechos que tienen las comunidades sobre tierras y acceso a recursos naturales, derecho a la salud en zonas mineras donde hay alta contaminación; lo que sí se puede respetar también los derechos que derivan ambientalmente. Y la minería también tiene ciertos derechos.
Lo que no se puede y no se debe es hacer que el Perú se convierta en un espacio donde de manera caótica crezca una actividad como la minería, poniendo en riesgo las posibilidades de desarrollo de otras actividades (como la agricultura o el ecoturismo).
¿Qué se necesita? Hacer un ordenamiento territorial participativo.Habrán provincias y regiones que dirán “yo quiero vivir con altos niveles de contaminación, que mis hijos estén intoxicados con presencia de metales pesados en el organismo”; y si ellos han decidido vivir así, hay que aceptarlo porque es su derecho. Pero hay otras poblaciones que no van a querer vivir en esas condiciones, y también deben ser respetadas. Actualmente no se consulta, se impone una actividad que termina perjudicando la posibilidad de tener un desarrollo dentro de la diversidad de opciones que el Perú como país tiene.
¿Usted considera que los recursos que extrae la minería le pertenecen a la localidad donde se extrae, a la región, al Estado?
Una cosa es lo que yo considero, y otra la que la ley considera. Entonces la ley considera que los recursos le pertenecen al Estado, y lo peor de todo es que el gobierno puede dárselo a cualquiera inconsultamente (y se lo da principalmente a transnacionales mineras). Sin embargo, en los últimos veinte años hay normas internacionales – como el Convenio 169 de
Entonces, sí debe ser entendido que las comunidades tenemos una preferencia de acceso a los recursos naturales. Pero aquí no sucede eso; cuando una empresa minera solicita el acceso a agua de una laguna, sin mayores dificultades se la entregan. Pero cuando una comunidad solicita esas mismas aguas, tienen que transcurrir cuatro o cinco años para que le otorguen el uso de una limitada cantidad de esas aguas. Entonces hay un trato diferenciado que no cumple las normas legales.
¿Y usted considera que en el contexto actual es posible el diálogo? ¿Es posible conciliar posiciones?
El diálogo es posible, pero hay que ver para qué se dialoga. Es más, yo creo que todas las comunidades han dialogado, están dialogando y dialogarán. Ahora, el problema es, ¿qué dialogamos y para qué dialogamos? ¿Cuál es la agenda con la que se dialoga?
Porque suelen haber dos partes con intereses contrapuestos. Hay un interés por parte de la empresa minera de hacer un hueco inmenso y llevarse todas las riquezas y con eso enriquecerse un poco o mucho más. Y por otro lado, el interés de las comunidades que quieren conservar su forma de vida, y que han optado por un modelo de desarrollo distinto.
Entonces, cuando se sientan a la mesa solo se quiere discutir la agenda de la mina, y no se quiere discutir la agenda de los productores agropecuarios. Entonces, ¿para qué se dialoga? ¿Para qué estás dialogando? El Estado y la empresa minera te llevan al diálogo para imponer su posición. Se sientan a dialogar para decirte “sí o sí”. Hay una imposición, y cuando te imponen una agenda y no recogen la tuta no es un verdadero diálogo, es un monólogo.
¿Interesado en conocer las distintas posiciones sobre este tema? Themis te invita a participar de su seminario "Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo".
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