La Asociación Civil Themis realizará un seminario sobre libre competencia. El mismo contará con la participación de los principales profesionales - economistas y abogados - en la materia. Pueden revisar el programa del evento aquí.
Mario Palacios es el actual presidente de Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por
¿Usted cree que es posible lograr una armonía entre minería, comunidades y medio ambiente?
Lo que sí es posible es respetar los derechos que tienen las comunidades sobre tierras y acceso a recursos naturales, derecho a la salud en zonas mineras donde hay alta contaminación; lo que sí se puede respetar también los derechos que derivan ambientalmente. Y la minería también tiene ciertos derechos.
Lo que no se puede y no se debe es hacer que el Perú se convierta en un espacio donde de manera caótica crezca una actividad como la minería, poniendo en riesgo las posibilidades de desarrollo de otras actividades (como la agricultura o el ecoturismo).
¿Qué se necesita? Hacer un ordenamiento territorial participativo.Habrán provincias y regiones que dirán “yo quiero vivir con altos niveles de contaminación, que mis hijos estén intoxicados con presencia de metales pesados en el organismo”; y si ellos han decidido vivir así, hay que aceptarlo porque es su derecho. Pero hay otras poblaciones que no van a querer vivir en esas condiciones, y también deben ser respetadas. Actualmente no se consulta, se impone una actividad que termina perjudicando la posibilidad de tener un desarrollo dentro de la diversidad de opciones que el Perú como país tiene.
¿Usted considera que los recursos que extrae la minería le pertenecen a la localidad donde se extrae, a la región, al Estado?
Una cosa es lo que yo considero, y otra la que la ley considera. Entonces la ley considera que los recursos le pertenecen al Estado, y lo peor de todo es que el gobierno puede dárselo a cualquiera inconsultamente (y se lo da principalmente a transnacionales mineras). Sin embargo, en los últimos veinte años hay normas internacionales – como el Convenio 169 de
Entonces, sí debe ser entendido que las comunidades tenemos una preferencia de acceso a los recursos naturales. Pero aquí no sucede eso; cuando una empresa minera solicita el acceso a agua de una laguna, sin mayores dificultades se la entregan. Pero cuando una comunidad solicita esas mismas aguas, tienen que transcurrir cuatro o cinco años para que le otorguen el uso de una limitada cantidad de esas aguas. Entonces hay un trato diferenciado que no cumple las normas legales.
¿Y usted considera que en el contexto actual es posible el diálogo? ¿Es posible conciliar posiciones?
El diálogo es posible, pero hay que ver para qué se dialoga. Es más, yo creo que todas las comunidades han dialogado, están dialogando y dialogarán. Ahora, el problema es, ¿qué dialogamos y para qué dialogamos? ¿Cuál es la agenda con la que se dialoga?
Porque suelen haber dos partes con intereses contrapuestos. Hay un interés por parte de la empresa minera de hacer un hueco inmenso y llevarse todas las riquezas y con eso enriquecerse un poco o mucho más. Y por otro lado, el interés de las comunidades que quieren conservar su forma de vida, y que han optado por un modelo de desarrollo distinto.
Entonces, cuando se sientan a la mesa solo se quiere discutir la agenda de la mina, y no se quiere discutir la agenda de los productores agropecuarios. Entonces, ¿para qué se dialoga? ¿Para qué estás dialogando? El Estado y la empresa minera te llevan al diálogo para imponer su posición. Se sientan a dialogar para decirte “sí o sí”. Hay una imposición, y cuando te imponen una agenda y no recogen la tuta no es un verdadero diálogo, es un monólogo.
¿Interesado en conocer las distintas posiciones sobre este tema? Themis te invita a participar de su seminario "Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo".
Uno de los elementos claves para entender la problemática de la minería, las comunidades y el medio ambiente es escuchar a los actores involucrados directamente en el tema. En esa línea, la entrevista del día de hoy es al ingeniero Carlos Santa Cruz, de la minera Yanacocha, quien amablemente nos recibió en su oficina.
¿Es posible lograr una relación armónica entre minería, comunidades y medio ambiente?
Yo creo que es perfectamente posible. Históricamente hemos tenido una experiencia diferente, pero yo creo que desde los noventas en adelante la tecnología disponible en el sector minero permite una relación más armónica. Por otro lado, la legislación vigente – que es prácticamente globalizada – también ha ayudado a la definición de nuevos estándares que hacen justamente factible la convivencia del sector minero, la agricultura y la existencia de cualquier tipo de vida (humana, animal o vegetal) alrededor de las operaciones.
Tan importante como la legislación es el enfoque de negocio de las empresas. Creo que las empresas han asumido el tema de la preservación del medio ambiente y de la relación de la comunidad con una perspectiva más seria y profesional desde hace quince años. Hoy día dentro de la filosofía empresarial, el tema ambiental y el tema de las relaciones comunitarias son fundamentales.
Se lo menciono porque existe en Cajamarca – donde se encuentra Yanacocha – sectores muy renuentes a la mina, alguno de ellos por el lamentable accidente en Choropampa el año 2000. ¿Cómo están trabajando para revertir esta situación? ¿Cómo entienden esta resistencia?
La resistencia a la minería tiene varias razones. Hay razones que son importantes a considerar y que tienen un fundamento respetable. Uno es el tema de la historia de la minería antigua en el Perú, cuando no había la regulación con la que contamos hoy. Y, por otro lado, un problema adicional que es fundamental que lo entendamos es la conmoción social que genera la introducción de un negocio moderno en una economía casi de subsistencia en muchos lugares de la sierra, que genera una situación de desigualdad y una situación de sobre expectativa que no será satisfecha.
Este choque es sumamente fuerte y hay que saberlo manejar con mucho cuidado, porque la empresa termina viéndose enfrentada con la comunidad sin presencia del Estado. Al darse este choque, necesitamos de instituciones que ayuden a resolver el conflicto, y esto debería hacerlo el Estado para generar un clima de mayor confianza y credibilidad que permita resolver los problemas.
Por otro lado, el tema ambiental es hoy día un tema secundario. Las compañías serias no van a tomarse ningún riesgo ambiental si esto les va a traer complicaciones. Entonces, existe la tecnología adecuada para evitar riesgos ambientales serios.
Se ha venido destacando la importancia del diálogo entre los distintos actores vinculados a la minería. Un elemento clave de dicho diálogo es la confianza entre quienes van a dialogar. ¿Cómo lograr dicha confianza en un ambiente tan complicado?
Ese es un elemento fundamental. El tema de la confianza es algo que echamos mucho de menos en el país, en todos los ámbitos. Y como usted comprenderá, en la zona de la sierra del país – que es la zona más atrasada y pobre del país – si existe un ambiente de poca confianza o de incredulidad en la gente en general, esta se ha visto acentuada en las zonas de la sierra, que es donde están las empresas mineras.
Pero también falta de confianza de parte del sector minero hacia los posibles líderes sociales de la zona…
Desconfianza mutua, en todo caso. Es un tema importante el de los liderazgos sociales, así como la presencia del Estado para generar confianza. El repliegue del Estado hace que muchas veces haya una “privatización del conflicto”, y este conflicto no tiene porque ser privatizado, porque es un conflicto donde el componente de la autoridad y del Estado es un factor determinante.
Los conflictos sociales en la sierra del Perú no se van a resolver con un repligue del Estado, sino con más presencia del Estado para afrontar sus obligaciones, y obviamente la empresa privada no va a evadir sus responsabilidades.
El tema de los liderazgos que mencionas es fundamental. Tenemos la responsabilidad compartida – tanto el sector privado como el Estado y la comunidad – de hacer el mejor esfuerzo para llevar sobre la mesa de diálogo los liderazgos que sean representativos en cada uno de los casos. Creo que en el sector privado hemos venido haciendo un gran esfuerzo para que esto sea así. Es más, ante la ausencia del Estado tenemos que asumir un liderazgo adicional.
Pero encontramos un gran problema en la comunidad, donde hay tal fragmentación social que los liderazgos son bastantes débiles. Lo podemos confirmar con cifras que todos conocemos: los alcaldes son elegidas con cifras cercanas al 20%, al igual que las autoridades regionales. Entonces los liderazgos son bastante endebles y poco representativos, lo que hace que la autoridad y de la representatividad se vean negativamente impactados.
Tenemos que ir perfeccionando el entendimiento de la realidad social desde el sector privado, tenemos que ir perfeccionando nuestros mecanismos de diálogo y la forma como llevar adelante este proceso, pero necesitamos interlocutores legítimos. Eso es fundamental.
¿Interesado en el tema? Asiste a nuestro seminario "Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo".
Sin duda, una de las voces más autorizadas del momento en materia ambiental es la del doctor Iván Lanegra. El doctor Lanegra es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios concluidos en la Maestría en Ciencia Política de la misma universidad. Egresado del Programa de Derecho Ambiental Internacional y Comparado del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación (UNITAR) y de la Universidad Católica de Budapest. Cuenta con 12 años de experiencia en el área, desempeñándose actualmente como Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín. El doctor Lanegra es expositor en nuestro seminario, y tuvo la gentileza de responder a nuestras preguntas. Compartimos con ustedes la entrevista.
¿Qué entendemos por Estado ambiental? ¿Se podría decir que dicha calificación se cumple en el Perú?
Desde los años sesenta del siglo XX se ha hecho visible una creciente demanda pública de provisión y protección de los bienes ambientales (ambiente de buena calidad y conservación de los recursos), la que ha tenido al Estado como uno de sus principales destinatarios. Como respuesta, primero a escala nacional y ahora también global, han aparecido políticas públicas ambientales, se han creado entidades estatales encargadas de su aplicación, así como se han desarrollado instrumentos especializados.
Hablar de Estado ambiental es referirnos a la calidad y cobertura de dichas políticas, entidades e instrumentos. Medir su eficacia implica evaluar la evolución de indicadores como el costo del deterioro ambiental o el número de conflictos de naturaleza socioambiental existentes. Como en otras áreas de la acción estatal, al final lo que interesa es la persona y su bienestar, es decir el garantizar el derecho de todos a vivir en un ambiente saludable.
¿Es posible lograr una armonía entre medio ambiente y minería?
Plantear las cosas así siempre genera dilemas falsos. La primera pregunta que haría es qué ambiente queremos. Sin metas claras, no es posible armonizar ninguna actividad. Y responder a dicha pregunta no es un proceso sólo reservado para técnicos y expertos. El ambiente es un bien de todos, que involucra incluso a las futuras generaciones, por lo que la participación democrática y transparente es esencial.
Definidas las metas ambientales, entonces es posible precisar las condiciones bajo las cuales cualquier actividad (no sólo la minería) debe desarrollarse. Si una actividad no puede cumplir con dichas condiciones, entonces no debe llevarse a cabo. Sólo así será posible dar a ciudadanos e inversionistas las garantías y seguridades necesarias. Los conflictos en el Perú se explican en buena medida por la ausencia de una política clara sobre lo que queremos ambientalmente, dejando a cada proyecto (a veces incluso sin presencia del Estado) la definición de lo adecuado para su caso. Esto es terriblemente ineficiente y genera gran incertidumbre en las personas y en las empresas.
¿No siente que hay una tendencia a la polarización cuando se tratan estos temas?
Thomas Hobbes, en el siglo XVII, señaló que cuando no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá hacerlo legítimamente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres. En un contexto en el cual las reglas ambientales no son claras ni legítimas, y el Estado está ausente, es lógico que se generen dinámicas de polarización, que se convierten muchas veces en manifestaciones de fuerza, en donde cada parte utiliza los recursos que tiene a su alcance para lograr lo que considera protege sus intereses. En dichas circunstancias el interés público queda muchas veces de lado. Si a esto agregamos la asimetría de recursos existente en el país, no es sorprendente la cifra de conflictividad socioambiental que reporta regularmente la Defensoría del Pueblo.
Acercar las posiciones nos lleva a pensar en el interés público, en fortalecer al Estado, en generar políticas claras y efectivas, en exigir transparencia e información, y en generar espacios de diálogo apropiados, etc.
¿Cómo se viene manejando la política ambiental en el Gobierno Regional de Junín?
Hasta el momento los componentes más importantes de la regulación ambiental siguen estando fuertemente centralizados. Los gobiernos regionales, a cinco años de su creación, tienen aún poca capacidad de decisión, limitándose a funciones de política y planificación general, así como ciertas posibilidades de inversión pública, pero sin instrumentos que les permitan controlar el logro de sus propias políticas. No obstante, aún con estas restricciones es posible avanzar.
Sin duda los casos de La Oroya, el Río Mantaro y el Lago Chinchaycocha son íconos para la región. Estamos continuamente influyendo en las entidades públicas y en la empresa Doe Run para lograr que el compromiso de cumplir con todas las metas ambientales en calidad del aire dictadas en el año 2001, a partir de octubre de 2009. También en el año 2009 entrará en funcionamiento una Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas a la salida del Túnel Kingsmill, principal fuente de contaminación minera del Río Mantaro. Y este año debe estar ya aprobado el Plan de Manejo Ambiental del Lago Chinchaycocha, el cual incluirá montos de inversión superiores a los 20 millones de dólares.
Pero también nos interesan los temas de mediano y largo plazo. Junín es la única región del país que cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático. También se está conformando el Sistema Regional de Áreas de Conservación, y una de las primeras áreas de agrobiodiversidad del Perú. Los proyectos en cartera para la reforestación superan las 10,000 hectáreas. Un tema nuevo, al cual buscaremos dar mayor importancia es el de los residuos sólidos, en el cual el Gobierno Regional tiene ahora capacidad de gasto. Finalmente, pero no menos importante, es el inicio de la Zonificación Ecológica Económica de la región.
Todas estas acciones corresponden a la Política Regional del Ambiente, así como a la Ordenanza Regional del Ambiente de Junín (también única en el Perú), instrumentos diseñados y aprobados durante la presente gestión.
Sin embargo, es indispensable pensar en un modelo de regulación descentralizado, articulado al proceso de creación de regiones (las también llamadas macroregiones). Sin capacidad de decisión no hay verdadera descentralización.
No puedo dejar de mencionar al Proyecto Toromocho, de más de 2,000 millones de dólares de inversión, y la posibilidad de explotar el Lote 108 de hidrocarburos, en la Selva Central. En ambos casos, la discusión no se refiere sólo al componente ambiental, sino también a los beneficios que dejarán a la región.
Desde luego, esto lleva a pensar en Gobiernos Regionales y Locales fuertes, así como también en evaluar la capacidad del Estado para negociar la explotación de sus recursos, de tal manera que se logre siempre lo mejor posible para el país. Estamos trabajando en ambos casos, para lograr que se desarrollen con los más altos niveles socioambientales, y generen recursos para el desarrollo sostenible de Junín.
El doctor Iván Lanegra es uno de los expositores de nuestro Seminario "Comunidades, Minería y Medio Ambiente". Para ver el programa completo del seminario, haz click aquí.
Hay la idea de que la agricultura y la minería son actividades antagónicas, que no puede existir armonía entre ellos. ¿Qué opina al respecto?
No, eso es absolutamente falso. Hay una serie de aspectos que apuntan en la dirección contraria. En primer lugar, la minería usualmente se desarrolla en zonas inhóspitas encima de los cuatro mil metros de altura, en los cuales la agricultura es marginal. En todo caso, podrá haber algo de pastoreo cuando hay lluvias, la mayor parte del año está seco. De manera que por ese lado no hay ningún antagonismo.
Por otro lado, generalmente la actividad minera coopera en áreas más o menos circunscritas a los yacimientos mineras, mientras las comunidades tienen miles de hectáreas que les permiten continuar teniendo sus actividades agrarias.
En tercer lugar, se habla mucho de la competencia por el agua. Más bien, yo creo que la inversión minera puede ayudar a generar nuevas fuentes de agua, proyectos de eficiencia de agua, que permitan tener agua para la actividad minera y dar más recursos de agua a las comunidades en la vecindad en la mina.
El año pasado veíamos lo que ocurría en Majaz, en que parte de la comunidad no quería actividad minera en su zona, y así como este caso podemos encontrar otros en otras regiones. ¿A qué cree que se debe este temor?
Bueno, en el Perú por centenas de años ha habido actividades mineras en las zonas de influencia de las comunidades - Huancavelica, Pasco, y todas esas zonas donde hay minería antigua – y han convivido y la gente no ha tenido mayor problema. Creo que en los últimos años hay un despertar de la conciencia ambiental, que no deja de ser importante pero que a veces se orienta en direcciones equivocadas o pretende ver problemas donde no los hay; o hay casos donde hay intereses políticos, levantando una bandera anti minera de la cual obtener réditos políticos.
Por otro lado, hay a veces actividades que sí no quieren a la minería, como el narcotráfico. El peor enemigo del narcotráfico es el desarrollo, entonces hay también intereses contrapuestos.
Y, por último, creo que hay una opinión equivocada en la opinión pública principalmente urbana, que ven a la actividad agraria como una actividad bucólica, donde viene la mina y rompe el medio ambiente. Cuando no es así, la agricultura es un negocio como cualquier otro, y tiene que verse como un negocio. Se puede claramente complementar con la minería, porque la minería genera empleo y genera mercado para los productos, generan canon y regalías que son utilizados para la infraestructura.
Entonces, con excepción de cosas más complicadas como la contaminación en la La Oroya (que tiene más de cien años y el Estado mismo es responsable de gran parte de la contaminación), las minas modernas manejan muy bien el tema del medio ambiente. Basta ver a Yanacocha, que está haciendo grandes represas de agua para dotar de agua al pueblo de la zona, como arreglan la zona de los relaves, y queda perfecto, incluso mejor que antes. Entonces, yo diría que si uno suma y resta, la minería es un contribuyente muy importante en las zonas donde opera.
¿Cuál es la importancia de espacios de diálogo entre las personas vinculadas a estos temas, como el que está promoviendo Themis con este seminario?
Es fundamental. Yo creo que justamente a veces la falta de diálogo es la que lleva a malos entendidos. Y la falta de diálogo no solamente por parte de las mineras, sino también por parte de los ambientalistas y las comunidades, que a veces adoptan posiciones rígidas y no permite llegar a consensos. Entonces abrir espacios de diálogo para que puedan resolverse el problema sí es muy importante, sin que se adopten posiciones extremas.
Para continuar la discusión sobre estos importantes temas, Themis invita a los interesados a participar en su seminario sobre Comunidades, Minería y Medio Ambiente.
Jesús Coronel es el Presidente Regional de Cajamarca, y es uno de los presidentes regionales con mayor aprobación en su gestión. Ello es significativo puesto que Cajamarca es una región muy sensible al conflicto social, vinculado usualmente a la actividad minera que se desarrolla en esa región. Sobre el tema de la minería y los conflictos sociales, le realizamos la siguiente entrevista.
¿Es posible hablar de una armonía entre minería, comunidades y medio ambiente; o son temas antagónicos?
Bueno, de la experiencia que ha tenido Cajamarca, en realidad no podemos hablar de una armonía absoluta entre minería, comunidades y medio ambiente. Resulta que las empresas mineras, al ingresar a Cajamarca, no establecieron una política adecuada de responsabilidad social con las comunidades. Me parece que no se establecieron de ese pacto social o licencia social que debería existir.
Hay algunas empresas que ahora están ingresando – por ejemplo Anglo American – que están tomando en cuenta los errores que se cometieron anteriormente, para poder establecer una mejor relación. Pero no se ha resuelto el conflicto.
¿Y por qué existe este conflicto?
El conflicto existe en la medida en que 1) se considera que la adquisición y compra de las tierras no se realiza por un precio adecuado, 2) es el uso del agua, las empresas consumen grandes volúmenes y genera escasez para la agricultura de las comunidades, el cual es un problema no resuelto, 3) las empresas mineras establecen compromisos con las comunidades, les plantean carreteras, electrificación rural, y generalmente no se puede cumplir con lo ofertado, lo que genera otra causal de problemas. Luego, todavía no se ha demostrado, pero hay un argumento de que en las zonas de explotación minera la actividad agrícola y ganadera ha sufrido problemas. De manera que hay un ambiente problemático que debe ser resuelto con una importante participación del Estado.
En esa línea, ¿cuál debe ser el rol que debe cumplir el gobierno regional?
Nosotros hemos ubicado como el elemento de diálogo, el elemento concertador entre las empresas mineras y las comunidades. Por eso es que nuestras relaciones con las empresas mineras son adecuadas, cordiales; y cuando hay que establecer medidas que afectan a las comunidades, convocamos a las comunidades, lo que hace que seamos bien visto por ellos, y confían en que con el gobierno regional se puede conseguir la concertación y el diálogo en estos temas.
¿Y cuál es la importancia del diálogo para solucionar los problemas?
Nosotros creemos – y lo hemos demostrado en Cajamarca – que cuando recurrimos al camino del diálogo y concertación se sostienen resultados concretos y soluciones, más que por los métodos violentos que algunas organizaciones alientan en las comunidades. El diálogo y la concertación son fundamentales, en especial si tienen un carácter preventivo. Hay que tratar las demandas de las comunidades y darlas a conocer a las empresas mineras, para intentar solucionarlas. Eso es sumamente importante.
Jesús Coronel es uno de los invitados al seminario “Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo”, participando como expositor en la mesa “Solución de conflictos: el caso Cajamarca”.
Enlace recomendado
Región Cajamarca avanza segura sobre un camino de oro (Diario “La Primera”, 24/05/08)
