Sin duda, una de las voces más autorizadas del momento en materia ambiental es la del doctor Iván Lanegra. El doctor Lanegra es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios concluidos en la Maestría en Ciencia Política de la misma universidad. Egresado del Programa de Derecho Ambiental Internacional y Comparado del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación (UNITAR) y de la Universidad Católica de Budapest. Cuenta con 12 años de experiencia en el área, desempeñándose actualmente como Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín. El doctor Lanegra es expositor en nuestro seminario, y tuvo la gentileza de responder a nuestras preguntas. Compartimos con ustedes la entrevista.
¿Qué entendemos por Estado ambiental? ¿Se podría decir que dicha calificación se cumple en el Perú?
Desde los años sesenta del siglo XX se ha hecho visible una creciente demanda pública de provisión y protección de los bienes ambientales (ambiente de buena calidad y conservación de los recursos), la que ha tenido al Estado como uno de sus principales destinatarios. Como respuesta, primero a escala nacional y ahora también global, han aparecido políticas públicas ambientales, se han creado entidades estatales encargadas de su aplicación, así como se han desarrollado instrumentos especializados.
Hablar de Estado ambiental es referirnos a la calidad y cobertura de dichas políticas, entidades e instrumentos. Medir su eficacia implica evaluar la evolución de indicadores como el costo del deterioro ambiental o el número de conflictos de naturaleza socioambiental existentes. Como en otras áreas de la acción estatal, al final lo que interesa es la persona y su bienestar, es decir el garantizar el derecho de todos a vivir en un ambiente saludable.
¿Es posible lograr una armonía entre medio ambiente y minería?
Plantear las cosas así siempre genera dilemas falsos. La primera pregunta que haría es qué ambiente queremos. Sin metas claras, no es posible armonizar ninguna actividad. Y responder a dicha pregunta no es un proceso sólo reservado para técnicos y expertos. El ambiente es un bien de todos, que involucra incluso a las futuras generaciones, por lo que la participación democrática y transparente es esencial.
Definidas las metas ambientales, entonces es posible precisar las condiciones bajo las cuales cualquier actividad (no sólo la minería) debe desarrollarse. Si una actividad no puede cumplir con dichas condiciones, entonces no debe llevarse a cabo. Sólo así será posible dar a ciudadanos e inversionistas las garantías y seguridades necesarias. Los conflictos en el Perú se explican en buena medida por la ausencia de una política clara sobre lo que queremos ambientalmente, dejando a cada proyecto (a veces incluso sin presencia del Estado) la definición de lo adecuado para su caso. Esto es terriblemente ineficiente y genera gran incertidumbre en las personas y en las empresas.
¿No siente que hay una tendencia a la polarización cuando se tratan estos temas?
Thomas Hobbes, en el siglo XVII, señaló que cuando no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá hacerlo legítimamente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres. En un contexto en el cual las reglas ambientales no son claras ni legítimas, y el Estado está ausente, es lógico que se generen dinámicas de polarización, que se convierten muchas veces en manifestaciones de fuerza, en donde cada parte utiliza los recursos que tiene a su alcance para lograr lo que considera protege sus intereses. En dichas circunstancias el interés público queda muchas veces de lado. Si a esto agregamos la asimetría de recursos existente en el país, no es sorprendente la cifra de conflictividad socioambiental que reporta regularmente la Defensoría del Pueblo.
Acercar las posiciones nos lleva a pensar en el interés público, en fortalecer al Estado, en generar políticas claras y efectivas, en exigir transparencia e información, y en generar espacios de diálogo apropiados, etc.
¿Cómo se viene manejando la política ambiental en el Gobierno Regional de Junín?
Hasta el momento los componentes más importantes de la regulación ambiental siguen estando fuertemente centralizados. Los gobiernos regionales, a cinco años de su creación, tienen aún poca capacidad de decisión, limitándose a funciones de política y planificación general, así como ciertas posibilidades de inversión pública, pero sin instrumentos que les permitan controlar el logro de sus propias políticas. No obstante, aún con estas restricciones es posible avanzar.
Sin duda los casos de La Oroya, el Río Mantaro y el Lago Chinchaycocha son íconos para la región. Estamos continuamente influyendo en las entidades públicas y en la empresa Doe Run para lograr que el compromiso de cumplir con todas las metas ambientales en calidad del aire dictadas en el año 2001, a partir de octubre de 2009. También en el año 2009 entrará en funcionamiento una Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas a la salida del Túnel Kingsmill, principal fuente de contaminación minera del Río Mantaro. Y este año debe estar ya aprobado el Plan de Manejo Ambiental del Lago Chinchaycocha, el cual incluirá montos de inversión superiores a los 20 millones de dólares.
Pero también nos interesan los temas de mediano y largo plazo. Junín es la única región del país que cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático. También se está conformando el Sistema Regional de Áreas de Conservación, y una de las primeras áreas de agrobiodiversidad del Perú. Los proyectos en cartera para la reforestación superan las 10,000 hectáreas. Un tema nuevo, al cual buscaremos dar mayor importancia es el de los residuos sólidos, en el cual el Gobierno Regional tiene ahora capacidad de gasto. Finalmente, pero no menos importante, es el inicio de la Zonificación Ecológica Económica de la región.
Todas estas acciones corresponden a la Política Regional del Ambiente, así como a la Ordenanza Regional del Ambiente de Junín (también única en el Perú), instrumentos diseñados y aprobados durante la presente gestión.
Sin embargo, es indispensable pensar en un modelo de regulación descentralizado, articulado al proceso de creación de regiones (las también llamadas macroregiones). Sin capacidad de decisión no hay verdadera descentralización.
No puedo dejar de mencionar al Proyecto Toromocho, de más de 2,000 millones de dólares de inversión, y la posibilidad de explotar el Lote 108 de hidrocarburos, en la Selva Central. En ambos casos, la discusión no se refiere sólo al componente ambiental, sino también a los beneficios que dejarán a la región.
Desde luego, esto lleva a pensar en Gobiernos Regionales y Locales fuertes, así como también en evaluar la capacidad del Estado para negociar la explotación de sus recursos, de tal manera que se logre siempre lo mejor posible para el país. Estamos trabajando en ambos casos, para lograr que se desarrollen con los más altos niveles socioambientales, y generen recursos para el desarrollo sostenible de Junín.
El doctor Iván Lanegra es uno de los expositores de nuestro Seminario "Comunidades, Minería y Medio Ambiente". Para ver el programa completo del seminario, haz click aquí.
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