"Está demostrada la autoría mediata"

Compartimos con ustedes la entrevista realizada a Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal (una de las instituciones que patrocina a la parte civil en el jucio a Fujimori).

¿Considera que ha logrado demostrarse la responsabilidad penal del ex presidente Alberto Fujimori en los hechos que se le imputan?

He seguido el desarrollo del proceso y estoy absolutamente seguro que ha quedado demostrada la responsabilidad penal que se le imputa al ex Presidente Fujimori. Incluso, creo que él ha colaborado en ello, al haber asumido como estrategia: niego todo, y a mi que me lo prueben, pero como si se tratara de un delito clásico de A mata B. 

El Ministerio Público y los abogados de las víctimas no cayeron en la trampa y plantearon como vía de demostración de esa responsabilidad una de las figuras desarrolladas por el derecho de los derechos humanos para este tipo de delitos, es decir, cunado se trata de violaciones de derechos humanos cometidas recurrentemente por altas autoridades o por un régimen político: la autoridad mediata. 

Con las pruebas aportadas –declaraciones de testigos, documentos tipo manuales o directivas, normas promulgadas, como la leyes de amnistía, declaraciones previas, elementos de contexto, etc., se ha acreditado que Fujimori creó y controló el destacamento Colina, y, que por tanto, él era “el hombre de atrás”, con total “dominio del hecho”.

No hay una orden por escrito, lo que no es necesario en este tipo de casos, pero sí están demostrados todos los elementos que el autor Roxin plantea para que se configure la teoría de la autoría mediata; figura, por lo demás, ya aplicada en nuestra realidad, concretamente  en el caso de Guzmán. 

¿Qué opina usted de la actuación de la sala presidida por el doctor César San Martín durante el proceso? 

Creo que ha sido impecable. Lo cual demuestra que nuestro sistema de Justicia puede actuar correctamente, y, a la vez, ayuda a que en términos generales haya una reconciliación entre el Poder Judicial y la sociedad, una relación bastante venida a menos.  

Creo que el juicio de Fujimori es lo que ha hecho que el Poder Judicial mejore su nivel de aceptación, de acuerdo a las últimas encuestas, y no tanto los viajes pueblo por pueblo que ha comenzado a hacer el nuevo Presidente de la Corte Suprema, como sostienen algunos interesados.

Tal vez, en algunos momentos, San Martín concedió demasiado a la defensa de Fujimori; por ejemplo, en términos de preguntas, la gran cantidad de testigos admitidos o, recientemente, la duración casi hasta la eternidad del alegato de Nakasaki. Pero también entiendo su lógica: que no se agarren de un pretexto para decir que el tribunal está parcializado en contra de Fujimori. 

Ahora, lo que manda es el resultado. El proceso ha sido impecable, pero tienen que concluir también en una sentencia igualmente impecable.

 ¿Qué espera de la sentencia próxima a dictarse? 

Para mi será impecable si reúne los siguientes requisitos: 

Absolutamente rigurosa en términos de fundamentos de hecho y de derecho. Tiene que estar muy bien motivada y sustentada. 

Deber ser condenatoria, y el número de años de la condena debe ser cercano a los pedidos por el Ministerio Público. Una condena benévola es jurídicamente injusta y significaría un gran triunfo para Fujimori (jurídico y político). 

Debe ser por acción y no por omisión, ya que la acción corresponde a los hechos probados, y porque condenar a un ex presidente por omisión, en un país como el Perú, sería interpretado como un exceso o venganza política. Existen todas las pruebas para ir por el lado de la acción. 

Debe utilizarse todo el desarrollo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos: autoría inmediata, imprescribilidad, relaciones entre el derecho internacional y nacional, etc. 

Debe invocar entre los fundamentos lo resuelto previamente sobre los casos por los tribunales internacionales (Corte Interamericana), la justicia chilena, la CVR, la sala anticorrupción en el caso de La Cantuta, etc. 

Debe haber razonamientos jurídicos que permitan jalar las normas jurídicas y jurisprudencia internacionales. Por ejemplo, en la sentencia de extradición no se estableció en la parte resolutiva la desaparición, pero sí en los considerandos. 

Lo que quiero decir es que no basta una sentencia condenatoria, sino que tiene que tener todos los otros elementos. De lo contrario, habrá ganado indirectamente Fujimori, podría revocarse o hacerse benévola en segunda instancia y se dejarían cabos sueltos para que Fujimori pueda recurrir a la vía internacional. 

Sí existen elementos humanitarios para tomar en cuenta respecto a Fujimori, su estado físico o anímico, su edad, por supuesto que hay que hacerlo pero no a la hora de expedir sentencia, ya que es muy importante el precedente que se establezca, sino posteriormente, al momento de cumplir la pena.

"Si uno más uno es dos en la justicia peruana, Fujimori debe ser absuelto"

Una de las principales figuras del fujimorismo es el congresista Carlos Raffo, quien tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista para conversar sobre el caso de Alberto Fujimori. 

Señor congresista, ¿considera que a lo largo del proceso se ha logrado demostrar la responsabilidad del ex presidente Fujimori en los hechos que se le imputan?

Bueno, en absoluto. Y tu pregunta es correcta porque estás preguntando si la parte acusadora ha logrado demostrarlo, porque normalmente nos preguntan si Fujimori ha logrado demostrar que es inocente, y no es así y tú lo sabes. Aquí la parte acusadora tiene la carga de la prueba y tiene que demostrar que lo que dice es correcto. Y no solo con sospechas, suspicacias o conclusiones, sino con elementos que den certeza de culpabilidad.

Y aquí no se ha logrado bajo ningún punto de vista establecer esa certeza porque no existen elementos que puedan sustentar la acusación, que era que Fujimori era el jefe del grupo Colina, ordenó las muertes y desarrolló una política de terrorismo de Estado, que es lo más osado que ha dicho el fiscal, que el terrorista era el Estado peruano, lo que no resiste mayor análisis.

Esta posición ha fracasado tanto, y es tan claro su fracaso, que están tratando de cambiar el sentido de la acusación al final, cosas que es absolutamente imposible, inviable, ilegal. No se puede cambiar a la mitad de partido la acusación. Ahora dicen que Fujimori no necesariamente tuvo que conocer los asesinatos, pero que implementó una política en la cual no tenía que dar órdenes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era jefe o tenía que dar órdenes? Ese cambio es la prueba más plena que no han podido demostrar en absoluto los cargos que se le imputan.

¿Y qué opina de la actuación de la sala presidida por el vocal supremo César San Martín?

Hasta ahora yo le pondría 18. No 20 porque al comienzo algunas actuaciones del vocal Saldarriaga más parecía fiscal a la hora de hacer las preguntas, tratando de destruir lo que lograba Nakasaki. Pero se hizo comentario públicamente y luego se corrigió. Pero en general bien.

Claro que la actuación del tribunal va a evaluarse en función a la sentencia. En las formas hasta ahora bien, pero muchos de nosotros tenemos la duda de que tengan la autonomía y fuerza suficiente para enfrentarse a toda la sentencia mediática que ya se ha dado contra Fujimori a nivel de muchos medios de comunicación y ONG que han desarrollado toda una campaña infame en su contra.

¿Qué espera usted de la sentencia próxima a dictarse?

Lo que espero es justicia. Nosotros no estamos en plan de regatear o de buscar una rebajita. Nosotros buscamos justicia. Si no se ha podido comprobar la acusación afiebrada de la fiscalía debe de haber absolución, no hay otra. Si en el Perú hay justicia, y si uno más uno es dos en la justicia peruana, Fujimori debe ser absuelto. El problema es que lamentablemente uno más uno no es dos en la justicia peruana.

Si quieres contar con mayor elementos de juicio sobre el caso Fujimori, te invitamos a acudir al debate que se realizará este jueves 26 en el auditorio de Ciencias Sociales de la PUCP.

Debate sobre el caso Fujimori

(clic para ampliar)

La Asociación Civil Themis, en su permanente esfuerzo por difundir la cultura jurídica, los invita a su evento "El caso Fujimori en debate". El mismo contará con la participación de la ex congresista fujimorista Martha Chávez y con Luis Vargas Valdivia, ex procurador del caso Fujimori. El debate será moderado por el blogger Marco Sifuentes.

Themis entiende la importancia histórica que tiene el juicio al ex Presidente Alberto Fujimori y busca con este evento brindar una visión plural del tema. El evento se realizará el jueves 26 de marzo en el auditorio de Sociales de la PUCP a la 1pm y la entrada es libre.

En los próximos días estaremos colgando entrevistas sobre este importante caso.

¿Cuán libre es la libre competencia?

La Asociación Civil Themis realizará un seminario sobre libre competencia. El mismo contará con la participación de los principales profesionales - economistas y abogados - en la materia. Pueden revisar el programa del evento aquí.

Fechas: 24 y 25 de noviembre
Lugar: Auditorio de la Facultad de Derecho de la PUCP
(Av. Universitaria s/n cuadra 18. San Miguel)
Hora: 6:00p.m. a 9:00 p.m. (Registro 5:00p.m. a 6:00p.m.)

Mario Palacios: “Cuando te imponen una agenda y no recogen la tuya no es un verdadero diálogo, es un monólogo”

Mario Palacios es el actual presidente de Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), quien mantiene una visión muy crítica en torno al desarrollo de la actividad minera en nuestro país. El señor Palacios tuvo la gentileza de brindarlos la siguiente entrevista.

¿Usted cree que es posible lograr una armonía entre minería, comunidades y medio ambiente?

Lo que sí es posible es respetar los derechos que tienen las comunidades sobre tierras y acceso a recursos naturales, derecho a la salud en zonas mineras donde hay alta contaminación; lo que sí se puede respetar también los derechos que derivan ambientalmente. Y la minería también tiene ciertos derechos.

Lo que no se puede y no se debe es hacer que el Perú se convierta en un espacio donde de manera caótica crezca una actividad como la minería, poniendo en riesgo las posibilidades de desarrollo de otras actividades (como la agricultura o el ecoturismo).

¿Qué se necesita? Hacer un ordenamiento territorial participativo.Habrán provincias y regiones que dirán “yo quiero vivir con altos niveles de contaminación, que mis hijos estén intoxicados con presencia de metales pesados en el organismo”; y si ellos han decidido vivir así, hay que aceptarlo porque es su derecho. Pero hay otras poblaciones que no van a querer vivir en esas condiciones, y también deben ser respetadas. Actualmente no se consulta, se impone una actividad que termina perjudicando la posibilidad de tener un desarrollo dentro de la diversidad de opciones que el Perú como país tiene.

¿Usted considera que los recursos que extrae la minería le pertenecen a la localidad donde se extrae, a la región, al Estado?

Una cosa es lo que yo considero, y otra la que la ley considera. Entonces la ley considera que los recursos le pertenecen al Estado, y lo peor de todo es que el gobierno puede dárselo a cualquiera inconsultamente (y se lo da principalmente a transnacionales mineras). Sin embargo, en los últimos veinte años hay normas internacionales – como el Convenio 169 de la OIT – donde se establece la relación que tiene los pueblos indígenas respecto al uso de recursos naturales, a los cuales siempre han tenido acceso.

Entonces, sí debe ser entendido que las comunidades tenemos una preferencia de acceso a los recursos naturales. Pero aquí no sucede eso; cuando una empresa minera solicita el acceso a agua de una laguna, sin mayores dificultades se la entregan. Pero cuando una comunidad solicita esas mismas aguas, tienen que transcurrir cuatro o cinco años para que le otorguen el uso de una limitada cantidad de esas aguas. Entonces hay un trato diferenciado que no cumple las normas legales.

¿Y usted considera que en el contexto actual es posible el diálogo? ¿Es posible conciliar posiciones?

El diálogo es posible, pero hay que ver para qué se dialoga. Es más, yo creo que todas las comunidades han dialogado, están dialogando y dialogarán. Ahora, el problema es, ¿qué dialogamos y para qué dialogamos? ¿Cuál es la agenda con la que se dialoga?

Porque suelen haber dos partes con intereses contrapuestos. Hay un interés por parte de la empresa minera de hacer un hueco inmenso y llevarse todas las riquezas y con eso enriquecerse un poco o mucho más. Y por otro lado, el interés de las comunidades que quieren conservar su forma de vida, y que han optado por un modelo de desarrollo distinto.

Entonces, cuando se sientan a la mesa solo se quiere discutir la agenda de la mina, y no se quiere discutir la agenda de los productores agropecuarios. Entonces, ¿para qué se dialoga? ¿Para qué estás dialogando? El Estado y la empresa minera te llevan al diálogo para imponer su posición. Se sientan a dialogar para decirte “sí o sí”. Hay una imposición, y cuando te imponen una agenda y no recogen la tuta no es un verdadero diálogo, es un monólogo.

¿Interesado en conocer las distintas posiciones sobre este tema? Themis te invita a participar de su seminario "Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo".

Carlos Santa Cruz (Yanacocha): "El repliegue del Estado hace que haya una privatización del conflicto"

Uno de los elementos claves para entender la problemática de la minería, las comunidades y el medio ambiente es escuchar a los actores involucrados directamente en el tema. En esa línea, la entrevista del día de hoy es al ingeniero Carlos Santa Cruz, de la minera Yanacocha, quien amablemente nos recibió en su oficina.

¿Es posible lograr una relación armónica entre minería, comunidades y medio ambiente?

Yo creo que es perfectamente posible. Históricamente hemos tenido una experiencia diferente, pero yo creo que desde los noventas en adelante la tecnología disponible en el sector minero permite una relación más armónica. Por otro lado, la legislación vigente – que es prácticamente globalizada – también ha ayudado a la definición de nuevos estándares que hacen justamente factible la convivencia del sector minero, la agricultura y la existencia de cualquier tipo de vida (humana, animal o vegetal) alrededor de las operaciones.

Tan importante como la legislación es el enfoque de negocio de las empresas. Creo que las empresas han asumido el tema de la preservación del medio ambiente y de la relación de la comunidad con una perspectiva más seria y profesional desde hace quince años. Hoy día dentro de la filosofía empresarial, el tema ambiental y el tema de las relaciones comunitarias son fundamentales.

Se lo menciono porque existe en Cajamarca – donde se encuentra Yanacocha – sectores muy renuentes a la mina, alguno de ellos por el lamentable accidente en Choropampa el año 2000. ¿Cómo están trabajando para revertir esta situación? ¿Cómo entienden esta resistencia?

La resistencia a la minería tiene varias razones. Hay razones que son importantes a considerar y que tienen un fundamento respetable. Uno es el tema de la historia de la minería antigua en el Perú, cuando no había la regulación con la que contamos hoy. Y, por otro lado, un problema adicional que es fundamental que lo entendamos es la conmoción social que genera la introducción de un negocio moderno en una economía casi de subsistencia en muchos lugares de la sierra, que genera una situación de desigualdad y una situación de sobre expectativa que no será satisfecha.

Este choque es sumamente fuerte y hay que saberlo manejar con mucho cuidado, porque la empresa termina viéndose enfrentada con la comunidad sin presencia del Estado.  Al darse este choque, necesitamos de instituciones que ayuden a resolver el conflicto, y esto debería hacerlo el Estado para generar un clima de mayor confianza y credibilidad que permita resolver los problemas.

Por otro lado, el tema ambiental es hoy día un tema secundario. Las compañías serias no van a tomarse ningún riesgo ambiental si esto les va a traer complicaciones. Entonces, existe la tecnología adecuada para evitar riesgos ambientales serios.

Se ha venido destacando la importancia del diálogo entre los distintos actores vinculados a la minería. Un elemento clave de dicho diálogo es la confianza entre quienes van a dialogar. ¿Cómo lograr dicha confianza en un ambiente tan complicado? 

Ese es un elemento fundamental. El tema de la confianza es algo que echamos mucho de menos en el país, en todos los ámbitos. Y como usted comprenderá, en la zona de la sierra del país – que es la zona más atrasada y pobre del país – si existe un ambiente de poca confianza o de incredulidad en la gente en general, esta se ha visto acentuada en las zonas de la sierra, que es donde están las empresas mineras.

Pero también falta de confianza de parte del sector minero hacia los posibles líderes sociales de la zona…

Desconfianza mutua, en todo caso. Es un tema importante el de los liderazgos sociales, así como la presencia del Estado para generar confianza. El repliegue del Estado hace que muchas veces haya una “privatización del conflicto”, y este conflicto no tiene porque ser privatizado, porque es un conflicto donde el componente de la autoridad y del Estado es un factor determinante.

Los conflictos sociales en la sierra del Perú no se van a resolver con un repligue del Estado, sino con más presencia del Estado para afrontar sus obligaciones, y obviamente la empresa privada no va a evadir sus responsabilidades. 

El tema de los liderazgos que mencionas es fundamental. Tenemos la responsabilidad compartida – tanto el sector privado como el Estado y la comunidad – de hacer el mejor esfuerzo para llevar sobre la mesa de diálogo los liderazgos que sean representativos en cada uno de los casos. Creo que en el sector privado hemos venido haciendo un gran esfuerzo para que esto sea así. Es más, ante la ausencia del Estado tenemos que asumir un liderazgo adicional.

Pero encontramos un gran problema en la comunidad, donde hay tal fragmentación social que los liderazgos son bastantes débiles. Lo podemos confirmar con cifras que todos conocemos: los alcaldes son elegidas con cifras cercanas al 20%, al igual que las autoridades regionales. Entonces los liderazgos son bastante endebles y poco representativos, lo que hace que la autoridad y de la representatividad se vean negativamente impactados.

Tenemos que ir perfeccionando el entendimiento de la realidad social desde el sector privado, tenemos que ir perfeccionando nuestros mecanismos de diálogo y la forma como llevar adelante este proceso, pero necesitamos interlocutores legítimos. Eso es fundamental.

¿Interesado en el tema? Asiste a nuestro seminario "Comunidades, minería y medio ambiente: bases para promover el diálogo".

Iván Lanegra: "los componentes más importantes de la regulación ambiental siguen estando fuertemente centralizados"

Sin duda, una de las voces más autorizadas del momento en materia ambiental es la del doctor Iván Lanegra. El doctor Lanegra es Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios concluidos en la Maestría en Ciencia Política de la misma universidad. Egresado del Programa de Derecho Ambiental Internacional y Comparado del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación (UNITAR) y de la Universidad Católica de Budapest. Cuenta con 12 años de experiencia en el área, desempeñándose actualmente como Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín. El doctor Lanegra es expositor en nuestro seminario, y tuvo la gentileza de responder a nuestras preguntas. Compartimos con ustedes la entrevista.

¿Qué entendemos por Estado ambiental? ¿Se podría decir que dicha calificación se cumple en el Perú? 

Desde los años sesenta del siglo XX se ha hecho visible una creciente demanda pública de provisión y protección de los bienes ambientales (ambiente de buena calidad y conservación de los recursos), la que ha tenido al Estado como uno de sus principales destinatarios.   Como  respuesta, primero a escala nacional y ahora también global, han aparecido políticas públicas ambientales, se han creado entidades estatales encargadas de su aplicación, así como se han desarrollado instrumentos especializados.  

Hablar de Estado ambiental es referirnos a la calidad y cobertura de dichas políticas, entidades e instrumentos.  Medir su eficacia implica evaluar la evolución de indicadores como el costo del deterioro ambiental o el número de conflictos de naturaleza socioambiental existentes.  Como en otras áreas de la acción estatal, al final lo que interesa es la persona y su bienestar, es decir el garantizar el derecho de todos a vivir en un ambiente saludable.

El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia y, aunque con cierto retraso (el proceso se aceleró en los noventa), cuenta hoy en día con políticas, entidades públicas (incluyendo al recientemente creado Ministerio del Ambiente) e instrumentos de gestión ambiental.  Sin embargo, la calidad y cobertura de aquellos es aún limitada, tanto en términos territoriales como temáticos.  

Reflejo de esta situación es, por ejemplo, la incapacidad del Estado para enfrentar actividades ilegales en el campo forestal y minero, el escaso avance en materia del tratamiento de los residuos urbanos, o en la permisividad del Estado en la fijación de las normas ambientales o en sus plazos de cumplimiento (como en el caso de la industria pesquera o de Doe Run en La Oroya). 

¿Es posible lograr una armonía entre medio ambiente y minería?

Plantear las cosas así siempre genera dilemas falsos.  La primera pregunta que haría es qué ambiente queremos.  Sin metas claras, no es posible armonizar ninguna actividad.  Y responder a dicha pregunta no es un proceso sólo reservado para técnicos y expertos.  El ambiente es un bien de todos, que involucra incluso a las futuras generaciones, por lo que la participación democrática y transparente es esencial.  

Definidas las metas ambientales, entonces es posible precisar las condiciones bajo las cuales cualquier actividad (no sólo la minería) debe desarrollarse.  Si una actividad no puede cumplir con dichas condiciones, entonces no debe llevarse a cabo.  Sólo así será posible dar a ciudadanos e inversionistas las garantías y seguridades necesarias.  Los conflictos en el Perú se explican en buena medida por la ausencia de una política clara sobre lo que queremos ambientalmente, dejando a cada proyecto (a veces incluso sin presencia del Estado) la definición de lo adecuado para su caso.  Esto es terriblemente ineficiente y genera gran incertidumbre en las personas y en las empresas.

¿No siente que hay una tendencia a la polarización cuando se tratan estos temas?

Thomas Hobbes, en el siglo XVII, señaló que cuando no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá hacerlo legítimamente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres.  En un contexto en el cual las reglas ambientales no son claras ni legítimas, y el Estado está ausente, es lógico que se generen dinámicas de polarización, que se convierten muchas veces en manifestaciones de fuerza, en donde cada parte utiliza los recursos que tiene a su alcance para lograr lo que considera protege sus intereses.  En dichas circunstancias el interés público queda muchas veces de lado.  Si a esto agregamos la asimetría de recursos existente en el país, no es sorprendente la cifra de conflictividad socioambiental que reporta regularmente la Defensoría del Pueblo.

Acercar las posiciones nos lleva a pensar en el interés público, en fortalecer al Estado, en generar políticas claras y efectivas, en exigir transparencia e información, y en generar espacios de diálogo apropiados, etc.

¿Cómo se viene manejando la política ambiental en el Gobierno Regional de Junín?

Hasta el momento los componentes más importantes de la regulación ambiental siguen estando fuertemente centralizados.  Los gobiernos regionales, a cinco años de su creación, tienen aún poca capacidad de decisión, limitándose a funciones de política y planificación general, así como ciertas posibilidades de inversión pública, pero sin instrumentos que les permitan controlar el logro de sus propias políticas.  No obstante, aún con estas restricciones es posible avanzar.  

Sin duda los casos de La Oroya, el Río Mantaro y el Lago Chinchaycocha son íconos para la región.  Estamos continuamente influyendo en las entidades públicas y en la empresa Doe Run para lograr que el compromiso de cumplir con todas las metas ambientales en calidad del aire dictadas en el año 2001, a partir de octubre de 2009.  También en el año 2009 entrará en funcionamiento una Planta de Tratamiento de Aguas Ácidas a la salida del Túnel Kingsmill, principal fuente de contaminación minera del Río Mantaro.  Y este año debe estar ya aprobado el Plan de Manejo Ambiental del Lago Chinchaycocha, el cual incluirá montos de inversión superiores a los 20 millones de dólares.

Pero también nos interesan los temas de mediano y largo plazo.  Junín es la única región del país que cuenta con una Estrategia Regional de Cambio Climático.  También se está conformando el Sistema Regional de Áreas de Conservación, y una de las primeras áreas de agrobiodiversidad del Perú.  Los proyectos en cartera para la reforestación superan las 10,000 hectáreas.  Un tema nuevo, al cual buscaremos dar mayor importancia es el de los residuos sólidos, en el cual el Gobierno Regional tiene ahora capacidad de gasto.  Finalmente, pero no menos importante, es el inicio de la Zonificación Ecológica Económica de la región.

Todas estas acciones corresponden a la Política Regional del Ambiente, así como a la Ordenanza Regional del Ambiente de Junín (también única en el Perú), instrumentos diseñados y aprobados durante la presente gestión.

Sin embargo, es indispensable pensar en un modelo de regulación descentralizado, articulado al proceso de creación de regiones (las también llamadas macroregiones).  Sin capacidad de decisión no hay verdadera descentralización.

No puedo dejar de mencionar al Proyecto Toromocho, de más de 2,000 millones de dólares de inversión, y la posibilidad de explotar el Lote 108 de hidrocarburos, en la Selva Central.  En ambos casos, la discusión no se refiere sólo al componente ambiental, sino también a los beneficios que dejarán a la región.  

Desde luego, esto lleva a pensar en Gobiernos Regionales y Locales fuertes, así como también en evaluar la capacidad del Estado para negociar la explotación de sus recursos, de tal manera que se logre siempre lo mejor posible para el país.  Estamos trabajando en ambos casos, para lograr que se desarrollen con los más altos niveles socioambientales, y generen recursos para el desarrollo sostenible de Junín.

El doctor Iván Lanegra es uno de los expositores de nuestro Seminario "Comunidades, Minería y Medio Ambiente". Para ver el programa completo del seminario, haz click aquí.